Por Lucio Garriga Olmo

17 de abril de 2016: El precandidato a presidente y ex militar, Jair Bolsonaro, vota a favor del juicio político contra Dilma Rousseff por “la memoria del Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra”, responsable del encarcelamiento ilegal y de las torturas que sufrió la propia Rousseff en los años setenta durante la última dictadura cívico-militar.

14 de marzo de 2018: La concejal por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), dirigente feminista, lesbiana y afrodescendiente, Marielle Franco, es asesinada a tiros en las afueras de Río de Janeiro. Jair Bolsonaro dice públicamente que no va a repudiar el brutal hecho.

27 de marzo de 2018: La caravana de Lula da Silva con la que hacía una gira por el sur de Brasil recibe tres disparos. Bolsonaro dice que el ataque es “mentira” y al día siguiente aparece en un acto público con un muñeco con la forma de la cabeza de Lula mientras simula dispararle con los dedos.

3 de abril de 2018: El máximo oficial del Ejército, Eduardo Villas Boas, presiona a la justicia al asegurar que repudia la “impunidad”, un día antes de que la Corte Suprema analizara conceder un habeas corpus preventivo al ex presidente Lula. Al día siguiente, Bolsonaro asegura que el “partido del Ejército sirve a la patria” y que está junto al General.

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“No tiene sentido que crean que van a frenarme. Yo no voy a parar porque no soy un ser humano, soy una idea. Mis ideas están en el aire y no las pueden atrapar”, dijo Lula en su discurso en el sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo que lo vio nacer hace más de 30 años antes de entregarse a la policía. La condena al ex presidente, favorito para las elecciones del próximo 7 de octubre, es solo un escalón más de un proceso más largo y que todavía no llegó a su fin. El objetivo es que Lula no se pueda presentar a las próximos comicios porque es el candidato con mayor cantidad de intención de voto con más del 35%, casi el doble de su competir más cercano, el ultra derechista Jair Bolsonaro, que ostenta un 18%.

Este largo proceso prescriptivo comenzó en el 2014 cuando Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados y hoy preso por delitos de corrupción, inició el juicio político contra la ex presidenta Dilma Rousseff por el delito de “pedaleo fiscal”, un crimen relacionado con el incumplimiento del presupuesto económico, principalmente a través de decretos que lo alteraban o por retrasos en el pago a la banca pública. Una vez destituida Dilma, el gran objetivo se puso en marcha: inhabilitar a Lula de las elecciones presidenciales para que no vuelva al poder. El objetivo de la prohibición contra Lula es evitar su posible victoria en el 2018, porque de esta manera Lula gobernaría hasta el 2022; es decir, 20 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) al frente del país más grande de América del Sur. Algo inconcebible para la élite política, el poder mediático y el poder judicial.

A pesar de que Lula ya es un preso político, este proceso no terminó. Todavía su sentencia no está firme; como dijo Bolsonaro, “el enemigo no está eliminado”. Fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión, pero su defensa todavía puede apelar hasta llegar a la máxima instancia judicial del país, el Supremo Tribunal Federal (STF). A pesar de que la Justicia ha demostrado ser hostil con el ex presidente hay que esperar, porque los fallos pueden cambiar. El propio Lula lo dijo: “El golpe no terminó con Dilma. El golpe termina cuando ellos consigan que no pueda ser candidato”.

Este plan se volvió cada vez más violento a medida que se acercan las elecciones presidenciales porque, pase lo que pase y digan lo que digan, Lula da Silva no baja del 35% de intención de voto. La violencia de esta jugada fue subiendo de tono y llegó a su punto máximo con el asesinato de la concejala de Río de Janeiro por el PSOL y militante feminista, Marielle Franco, y con las amenazas de un golpe de Estado militar realizadas por sectores importantes del Ejército, entre ellos, su máximo oficial, Eduardo Villas Boas. Otra demostración de esta retórica violenta fue la represión en la noche de este sábado por parte de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba en la concentración que defendía al ex presidente minutos después de su llegada en avión, un hecho que dejó un mínimo de ocho heridos.

La fecha que puede decidir el futuro electoral del propio Lula, y de todo el PT, es el próximo 15 de agosto, cuando venza el plazo para registrar las candidaturas para las elecciones. Si Lula llega a presentar su candidatura podría ser invalidada por la ley de “ficha limpia” (sancionada durante la presidencia de Lula), que prohíbe que un ciudadano condenado sea candidato. En base a esta ley, la justicia electoral puede impugnar su candidatura (seguramente lo hará), pero su defensa podrá cuestionar dicha resolución ya que sería una pena sobre un ciudadano que no tiene una condena firme, el mismo argumento que se utilizó para evitar la prisión luego de haber sido condenado en segunda instancia. De esta forma se iniciaría una nueva batalla judicial pero en otra instancia, la electoral. Las posibilidades existentes son varias: puede llegar el momento de las elecciones con esta cuestión sin resolverse y Lula podría llegar a ser candidato, ganar las elecciones y que luego sean anuladas, o Lula puede presentarse como candidato hasta el último minuto para luego nombrar a un delfín político.

El futuro electoral de Lula es incierto, pero durante su discurso en la sede metalúrgica hubo pequeños símbolos. Desde que Lula entró a la sede sindical metalúrgica, lo acompañaron el precandidato a presidente por el PSOL y Coordinador Nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), Guilherme Boulos, y la precandidata a presidenta por el Partido Comunista, Manuela d´Ávila, para darle su apoyo. A pesar de las críticas de estos sectores al PT, Lula dio su último discurso antes de entregarse a la Policía Federal junto a ellos, y dijo que es un orgullo “ver nacer a dos jóvenes dispuestos a ser presidentes”.

¿Nacerá un frente político que aglutine a todos los sectores de la izquierda como se vio en la sede sindical? Si Lula no se puede presentar, ¿podrá transferir sus votos a otro candidato o candidata como sucedió con Dilma Rousseff en el 2010?

Las preguntas son muchas porque por ahora el futuro de Lula no está definido. Hasta estos momentos, el PT asegura que su único candidato es el propio Lula y que no piensan ni en un sucesor ni en llamar a boicotear las elecciones porque harán todo lo posible para que el histórico dirigente se pueda presentar. El PT, por ahora, no tiene un plan B si Lula no se puede presentar; solo tiene un plan L, es decir, plan Lula. Como aseguró el PT en un comunicado después del rechazo al habeas corpus presentado por Lula por parte del STF: “El pueblo brasileño tiene el derecho de votar a Lula (…). El PT defenderá esta candidatura en las calles y en todas las instancias, hasta las últimas consecuencias”.

Mientras se definía la situación jurídica del ex presidente brasilero, sectores del oficialismo empezaron a jugar sus fichas políticas de cara a las elecciones. Solo faltan seis meses y nadie quiere perder tiempo. El presidente Michel Temer, quien tiene menos del 3% de imagen positiva, aseguró hace unos días en una entrevista con la revista IstoÉ que “sería una cobardía no ser candidato”, anotándose de esta manera en la carrera presidencial. El actual ministro de Economía, Henrique Meirelles, también confirmó que competirá para ocupar el Palácio do Planalto.

Ningún posible candidato del oficialismo tiene una intención de voto importante de cara a las elecciones; el único político por fuera del PT que tiene un porcentaje considerable es Jair Bolsonaro. A pesar de esto, faltan seis meses para las elecciones y ya se empiezan a palpitar. En los últimos días, diez ministros del gobierno de Temer renunciaron a sus cargos para competir por un cargo público, como una banca en el Senado o en la Cámara de Diputados, entre los que se encuentran el Ministro de Salud, Ricardo Barros; el Ministro de Educación, José Mendonça Filho; y el Ministro de Desarrollo Social, Osmar Terra, entre otros.

La alta imagen negativa de los posibles candidatos del oficialismo incluido el propio Temer, denunciado penalmente por hechos de corrupción y salvado por el Congreso (dos veces en menos de tres meses), que rechazó investigarlo por hechos de corrupción y asociación ilícita, más la posible prohibición de la participación del candidato más popular del país, pondrán a las elecciones de octubre al borde de la ilegitimidad y profundizarán, aún más, la crisis política que enfrenta Brasil desde el golpe de Estado parlamentario contra la ex presidenta Rousseff.

Unos comicios limpios, legítimos y con la mayor cantidad de participación popular son la mejor vía para limpiarle la cara a un sistema político que está podrido por la corrupción en todas sus esferas de poder.

(*) Periodista de política internacional. / Publicado en Agencia Nodal