En primer lugar tenemos que decir que es una falacia que este gobierno recibió un sector energético en emergencia total, como sigue afirmando para justificar sus políticas, y especialmente el tarifazo. A diciembre de 2015 teníamos oferta suficiente de generación de electricidad, con sobrante muy justo es cierto, pero sin sobresaltos hasta ese momento. La inversión realizada en este segmento había sido importante, quizás no suficiente para un futuro de pleno desarrollo. Distinta era la situación en la distribución en el área metropolitana, con deficiencias grandes en las instalaciones, producto de la desinversión. No ocurría lo mismo en las provincias, en las cuales el servicio había recibido mayores inversiones, dependiendo de cada caso. La red de transporte nacional satisfacía también la llegada de la energía a los nudos centrales del consumo, con motivo de importantes inversiones en su desarrollo.
Dicho esto, el costo de generación, que es igual para todo el país, estaba subsidiado, y eso fue una decisión política destinada a fomentar el consumo y la producción, un subsidio que se ha comprobado menor que en muchos países importantes del mundo: es mentira total lo que se afirma en contrario, según informes de la Naciones Unidas publicados recientemente. La carga de ese subsidio por igual a todos los usuarios nacionales no era bueno porque beneficiaba a los sectores más vulnerables de la misma manera que a las capas más ricas de la población. Esta circunstancia era la contrapartida de la política de subsidios para fomentar el consumo. Se la criticó en su momento, sugiriéndose además aumentos leves y crecientes: el gobierno anterior intentó en más de una oportunidad actualizar las tarifas, recibiendo el rechazo de los que ahora detentan el poder. Pero es cierto que respecto del costo de generación debía dejarse de a poco esos subsidios, que eran excesivos, en una determinada proporción, también una decisión política en su graduación, la que debía enmarcarse en una cosmovisión mayor de la economía y de la propia energía.

Con relación a la otra mitad del costo eléctrico en la tarifa, los valores de distribución, que implican la gestión y mantenimiento de las redes e instalaciones que llegan a los usuarios, en el área metropolitana también estaban subsidiados en exceso, con dos desbalances: uno que ya comentamos para la generación respecto de los sectores sociales beneficiados, y otro que tenía que ver con la diferencia que representaba esa ayuda respecto de los precios existentes en las provincias. Por lo tanto, era también cierto que con relación a los costos de distribución debían quitarse de a poco los subsidios a este segmento en Capital y Gran Buenos Aires. En las diferentes provincias, en cambio, el costo de distribución fue mantenido relativamente cercano a sus costos, incluso a veces en exceso en algunas de ellas, por lo cual la quita de subsidios a la generación en las provincias tuvo un efecto muy fuerte, de una intensidad muy grave, y desproporcionado nuevamente con el del área metropolitana.

Pero al quitar los subsidios a la distribución en el área metropolitana no se tuvo en cuenta el estado de las instalaciones, desinvertidas por las dos empresas por muchos años, a pesar de sus contratos de concesión por 99 años, que los obliga a honrarlos en las buenas y en las malas. Y entonces tarifas impresionantes con malos servicios han creado un profundo malestar en la población, que sospecha con razón, que el servicio no mejorará en menos de seis (6) años, siempre que se hagan fuertes inversiones, hoy insuficientes.

Ante este panorama, era importante la decisión de gradualismo y razonabilidad en la quita de subsidios, tanto en generación para todo el país como para la distribución en el área metropolitana. Para ello el Gobierno, luego del primer choque con la reacción de la sociedad, tuvo una pauta segura para seguir: el fallo de la Corte Suprema en el caso Cepis, que estableció criterios de razonabilidad y gradualidad, vinculados a la capacidad de pago de la población y la no confiscatoriedad de las tarifas, por tratarse de un derecho humano. ¿Es esto lo que hizo el Gobierno en las tarifas eléctricas? No. Decidió por el contrario un ajuste tarifario eléctrico alejado de la capacidad adquisitiva de los ingresos de la gran mayoría de la población, creando además un grave problema a pymes, pequeños negocios, clubes, hospitales, asociaciones de bien común y otras, en todo el país. A la producción le creó además un problema de competitividad que se traslada a toda la economía.

De esta manera le dio la espalda a la Corte Suprema, burlándose en los hechos de los criterios expuestos en su fallo, y usando las audiencias públicas como una mera cortina de humo formal, ya que en esas audiencias se debate, se protesta, se propone, pero no se resuelve nada, como afirma ahora el gobierno: son eventos donde se escuchan las opiniones y luego el gobierno decidió lo que ya tenía previsto, mofándose aún más del fallo Cepis de la Corte, que le otorga un rol fundamental a esta herramienta para jerarquizar la democracia. Con lo cual ese rechazo a las opiniones que se exponen en las audiencias, desmerece el camino democrático, según la Corte.

LAS TARIFAS DEL GAS / “La cuestión tarifaria no es el gradualismo o la razonabilidad, como en electricidad, sino la absoluta falta de justificación en el valor asignado a la producción”.

Otro muy distinto es el caso de las tarifas de gas. En las tarifas de gas eran mucho menores los subsidios respecto de las de electricidad. ¿Porqué? Porque la producción de gas, que representaba el 70% de la tarifa, contenía una gran parte de ella pagada por los usuarios a sus costos reales. Es mentira que en gas todo estaba subsidiado, que sí existía en alguna medida en el transporte y distribución, que representaba el otro 30% de la tarifa. Los usuarios residenciales pagaban el costo de producción, compuesto por el precio del gas en boca de pozo, más ganancias, que representaba aproximadamente 1,90 dólares, reiteramos lo pagaban a su costo religiosamente. Pero el gobierno engañó al país, argumentando subsidios inexistentes, salvo los mencionados, y propuso un precio creciente del gas, en un sendero de tres años hasta llegar a 6,80 dólares la unidad. De paso dolarizó el gas, y con ello toda la energía, que depende principalmente de ese precio, especialmente el costo de electricidad cuya generación depende en un 60% del precio del gas. Y de esta manera dolarizó también gran parte de la economía. En ese camino, el precio actual promedio de la producción (el PIST en la tarifa) está en los 5 dólares el millón de BTU. Y los ajustes tarifarios en Transporte sobre todo, pero también en Distribución, han contribuído a que la tarifa de gas tenga también montos impagables por sus valores enormes.

En el gas por lo tanto la cuestión tarifaria no es el gradualismo o la razonabilidad, como en electricidad, sino la absoluta falta de justificación en el valor asignado a la producción. El gobierno argumenta que eso es necesario para asegurar un estímulo a los inversores y a la producción. Lo que está diciendo es que los usuarios financien a las empresas petroleras para que produzcan más petróleo, y sobretodo más gas. Es lo que está ocurriendo: con estas tarifas estamos subsidiando a las empresas petroleras por miles de millones de dólares al año, sin que exista en contrapartida una obligación de invertir y aumentar la producción. Por el contrario, en petróleo no aumenta y la de gas está estancada, y los dólares se embolsan o fugan. Otro argumento es el aliento a Vaca Muerta, cuyos costos de extracción son ciertamente mayores, pero la producción de gas de ese origen no representa más que el 3 % del consumo total del país.

Por todo ello se miente mezclando las tarifas de electricidad y gas. Se miente diciendo que era una necesidad imprescindible quitar subsidios de este modo, no solo por lo que dice el fallo de la Corte, sino por lo que indica la razonabilidad: estudios que se realizaron oportunamente sobre el tema por el Instituto Mosconi de los radicales, y FIEL, centro de estudios neoliberal, postulaban un sendero mucho más gradual para la actualización tarifaria, y especialmente el último criticando la razonabilidad en el caso de las de gas.

Se miente cuando se pretende igualar a todo el país, pero se perjudica especialmente a las provincias respecto de las tarifas eléctricas. Se miente cuando se habla de subsidios en las tarifas de gas, por lo menos respecto de su producción. Se miente cuando se habla de gradualismo, ya que el shock de los aumentos tarifarios está incentivando fuerte la inflación, y está creando recesión en la economía. Se miente cuando se pretende alentar las pymes, la producción, y el tarifazo es fuente de inestabilidad empresaria y desempleo creciente.

En conclusión: Estas tarifas son impagables, creando una conmoción social creciente. Otro camino es posible, ya que el tarifazo no tiene vinculación alguna con un mejoramiento del desarrollo energético, hasta ahora sin plan y paralizado en gran parte por el gobierno.

Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO)