El 22 de noviembre de 1949 el presidente Juan Domingo Perón firmó el Decreto N° 29.337 de Supresión de Aranceles Universitarios, a partir del cual las universidades nacionales pasaron a ser gratuitas. Desde entonces, la educación superior se constituyó como un derecho universal y dejó de ser un privilegio para pocos, convirtiéndose así en modelo y referente en toda la región.

El Decreto, que cambió radicalmente el camino del sistema universitario argentino, establecía que “el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los miembros que lo componen”. Al mismo tiempo, declaraba que “una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”.

De modo que la medida impulsada por Perón fomentó la incorporación de sectores hasta entonces alejados del capital cultural y, como consecuencia, provocó un indudable ascenso social y un significativo aumento de la matrícula universitaria.

No cabe duda de la importancia fundamental del Decreto de Supresión de Aranceles Universitarios en la construcción de un sistema educativo democrático. Sin embargo, este hecho clave en la historia de las universidades argentinas pasó inadvertido hasta que, en 2007, se declaró el 22 de noviembre como el “Día Nacional de la Gratuidad Universitaria”.

Hasta entonces, sólo solía recordarse a la Reforma Universitaria de 1918 como hito fundamental que cambió la historia de la educación superior en nuestro país, y a menudo fue olvidado el vínculo entre estos reclamos reformistas y el Decreto de gratuidad de 1949. Si la Reforma Universitaria inició el camino hacia la democratización de la enseñanza, la medida de Perón terminó de concretar el viejo anhelo reformista.

Los protagonistas de la gesta cordobesa de principios de siglo XX discutieron, reclamaron y bregaron por una idea amplia de universidad que incluía transformaciones orientadas a dejar atrás el espíritu elitista que caracterizaba a la educación superior y, a su vez, sentar las bases que se difundirían por toda Latinoamérica.

En 1918 se publicó el célebre Manifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba que establecía los principios y los propósitos de los reformistas. Los jóvenes exigieron su participación en la vida universitaria, el cogobierno, la autonomía, los concursos docentes, la investigación científica, la docencia libre, la periodicidad de la cátedra, la misión social de la universidad y la extensión universitaria.

Sin embargo, pese al espíritu democratizador y de desarrollo de la universidad argentina que se impulsó en Córdoba, la gratuidad de la enseñanza no fue reclamada en aquel entonces como uno de los ejes de la propuesta. Fue necesario esperar a 1949 para que este derecho fuera finalmente implementado a través del Decreto que eliminó el cobro de aranceles en las universidades nacionales.

Como resultado, junto a la apertura de la Universidad Obrera Nacional en 1953 -antecedente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)-, la gratuidad abrió las puertas de la universidad a un nuevo sector de la sociedad históricamente marginado y aislado de ella.

Ampliar las posibilidades

Desde el Decreto implementado por Perón, el camino abierto en materia de democratización del acceso a la educación superior se fue profundizando a partir de la creación de universidades públicas que se fueron extendiendo por todo el territorio nacional.

Durante las últimas décadas, nuestro país fue escenario de la apertura de numerosas instituciones de educación superior de gestión estatal. Como consecuencia, hoy cada provincia argentina cuenta con al menos una universidad pública, hecho que amplía aún más las alternativas de estudio para muchos sectores de la sociedad.

Así, la Reforma Universitaria de 1918, el Decreto de gratuidad de 1949 y la creación de nuevas universidades públicas, dieron como resultado la construcción del sistema universitario actual, integrado por 66 instituciones alojadas en todo el país: 57 universidades nacionales, cuatro provinciales, cuatro institutos universitarios nacionales y uno provincial.

Se trata, sin duda, de un sistema universitario nacional que viene resistiendo cualquier intento de arancelamiento, dado que, tal como proclamaba el Decreto de 1949, “es función social del Estado amparar la enseñanza universitaria” y “son las universidades especialmente las encargadas de difundir la cultura y formar la juventud; por ello debe ser primordial preocupación del Estado disponer de todos los medios a su alcance para cimentar las bases del saber, fomentando las ciencias, las artes y la técnica en todas sus manifestaciones”.

Por tal motivo, la inversión en educación, ciencia y tecnología debe ser siempre una prioridad para evitar que las desigualdades sociales se profundicen y las perspectivas de futuro se anulen. En el camino de mantener y profundizar los derechos conquistados en el ámbito de la educación superior, se vuelve necesario recordar, una y otra vez, los propósitos del Decreto de gratuidad universitaria de 1949, como aquel que manifestaba que “el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación”.