“La lucha por la educación pública ya excede al reclamo opositor y atraviesa a todos los sectores políticos”, asegura la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade. Doctora en Educación, Morgade reflexiona en diálogo con PáginaI12 sobre las políticas educativas de Cambiemos y la situación del sector científico y universitario, a días de la movilización nacional que el jueves reunirá a docentes, estudiantes, investigadores y referentes políticos y culturales, quienes marcharán desde el Congreso hasta el Ministerio de Educación para exigir salario digno para los trabajadores universitarios y para rechazar el ajuste sobre la universidad pública.

–¿Cómo definiría las políticas educativas de Cambiemos?

–Es difícil identificar programas y proyectos que no tengan que ver con evaluar y con descalificar, de manera más o menos sistemática, a la educación pública. Desde el inicio de este Gobierno, se vio un enfoque de crítica reiterada a la docencia organizada. A la vez, muchos de los programas nacionales fueron desmantelados. Algunos desaparecieron totalmente, otros quedaron librados a su suerte, según la voluntad de las provincias. Esto pasó, por ejemplo, con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que recién ahora, gracias al debate reciente de la legalización del aborto, vuelve a tener un poco más de recursos, tras ajustes sistemáticos. Hay una tendencia a la desconcentración y descentralización de las políticas.

–¿Por qué cree que el Gobierno pone tanto el énfasis en la evaluación?

–Se utiliza la evaluación a través de pruebas estandarizadas, como las PISA en las escuelas, para ningunear de algún modo a la educación pública. Son pruebas que dejan fuera de su medición un montón de procesos centrales, por ejemplo aquellos vinculados a lo que es construcción de ciudadanía. La evaluación del Gobierno busca distinguir y visibilizar sólo a algunos. Parte de la premisa de que la competencia entre instituciones hace que éstas mejoren, pero la verdad es que sólo mejoran cuando hay políticas públicas activas. Lo mismo sucede con las universidades. Aquellas con más historia, estudiantes y recursos propios sobreviven, pero el proceso de ajuste para las más nuevas puede ser letal.

–¿En qué consiste el ajuste que está sufriendo el sistema universitario? ¿Qué actividades de las universidades son o van a ser afectadas?

–Hay un empobrecimiento generalizado. La inflación modifica el poder adquisitivo que habías contemplado en tu presupuesto universitario para todos los gastos de funcionamiento. Lo que habías separado para cubrir, por ejemplo, el arreglo de un ascensor, la edición de libros o viajes académicos, ya no te alcanza. Todo lo que es gastos de infraestructura y para equipamiento es lo que más padece la inflación. En la facultad tenemos museos que requieren equipamiento específico, en bibliotecología se necesitan determinados materiales para la conservación de los libros, insumos para investigación. Por lo que una primera consecuencia es que se reducen las funciones de docencia, investigación y extensión. A esto se suma el ajuste en ciencia y técnica. Hace rato que el Conicet no recibe los subsidios para investigaciones en tiempo y forma, y encima los montos también están reducidos por la inflación, eso genera que se corten líneas de investigación, o que no pueda renovarse equipamiento. Además, la reducción del ingreso a la carrera de investigador reduce las perspectivas de muchos de nuestros profesionales y va a generar una nueva fuga de cerebros. La devaluación es parte del proyecto del Gobierno. Veo una política intencional de debilitamiento, que es coherente con su propuesta de país.

–El Gobierno sigue sin cumplir la promesa que dio a los rectores de solucionar la paritaria docente y reiniciar las obras de infraestructura frenadas. ¿Cuál es el rol que las autoridades universitarias pueden jugar en el escenario actual?

–Creo que algunas autoridades están a la altura, promoviendo discusiones y debates sobre lo que está pasando. Como rector, decano o decana, no podés imponer un plan de lucha a la comunidad, pero sí podés poner en circulación información importante. No son todas las que lo hacen, pero sí somos muchas, incluyendo incluso a algunas afines al Gobierno. Hay un acompañamiento al reclamo de los sindicatos.

–En 2016 la paritaria docente universitaria se acordó en mayo, en 2017 fue en julio. A fines de agosto las posiciones del Gobierno y los gremios continúan muy alejadas. ¿Por qué cree que el conflicto salarial y del sistema universitario en general se profundizó tanto este año?

–El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un actor político clave en todo esto. Si el programa económico del Gobierno no funcionó, hay un agotamiento de las expectativas, las inversiones no llegaron nunca, y encima no están dispuestos a cobrar más impuestos a los sectores más ricos, entonces, ¿quién paga el ajuste?

–Sumando los paros de los distintos gremios docentes, van tres semanas sin clases en las universidades y colegios preuniversitarios. ¿Cómo se vivieron estas semanas en la universidad?

–Obviamente la situación genera incertidumbre, pero estamos presentes todo el tiempo, no es que las instituciones están cerradas. Hay un fuerte acompañamiento al reclamo de toda la comunidad. Claro que hay preocupación y ansiedad por la continuidad de los estudios, pero eso no quita el apoyo de los estudiantes a la medida.

–¿Hasta cuándo cree que puede permanecer indiferente el Gobierno?

–Yo apuesto a que esta lucha, que es compartida por gremios y autoridades de todos los sectores políticos de las universidades y espacios de ciencia y tecnología, va a tener un impacto. A diferencia de lo que pasaba hace tres meses, hoy se está logrando un consenso muy grande y creo que el jueves va a venir mucha, mucha gente a movilizarse al Ministerio de Educación. El tema está instalado y el Gobierno tiene un tope, que es su pragmatismo. El reclamo plantea una mirada global, abarca la cuestión salarial y también la defensa del presupuesto, de la investigación y la extensión. Además, busca visibilizar la tarea de las universidades de cara al próximo debate del presupuesto universitario para 2019. Queremos universidades integradas en un proyecto de desarrollo nacional.

Entrevista: Inés Fornassero. / Página 12